España reduce el límite máximo de velocidad a 110 kilómetros hora

España ha aprobado este viernes un plan de ahorro energético para tratar de contrarrestar el brusco encarecimiento del petróleo, a raíz de la crisis árabe. El plan incluye tres medidas básicas que entrarán en vigor a partir del próximo 7 de marzo.

En primer lugar, el Gobierno ha reducido el límite máximo de velocidad en las autovías en España de 120 kilómetros hora a 110. Dijo Rubalcaba que habrá que cambiar de "manera urgente" las señales de tráfico así como las multas -aunque rebasar el límite no quitará puntos-. Pese a estos cambios, la medida sólo estará vigente mientras dure la inestabilidad en la zona, según Rubalcaba. También ha anunciado campañas de sensibilización.

El ministro de Interior también ha anunciado una reducción del 5% en el precio de los billetes de Renfe para sus trenes de cercanías y media distancia, excluyendo larga distancia y AVE. Y todo ello, bajo la excusa de fomentar el transporte público.

La tercera consiste en incrementar el porcentaje de biodiésel hasta el 7%, desde el 5,8% actual, en cada litro de gasoil -ésta última tendrá probablemente carácter permanente-. Todo ello con el fin de reducir la factura energética. En este sentido, Rubalcaba ha señalado que cuando el barril de petróleo sube 10 dólares el coste energético español se encarece en 6.000 millones de euros.

No sabe hasta cuándo durará

Aunque se trata de, según prometió, medidas transitorias -al menos la que hace referencia al límite de velocidad- también señaló de entrada que no sabe cuándo se retirarán. "No podemos decir cuando se va a quitar porque no sabemos cuánto va a durar la situación de emergencia en materia de petróleo". Y todo ello pese a que, según el propio vicepresidente, "no hay riesgo de suministro".

La medida también pretende privilegiar el uso del transporte público por encima del privado. De si se cumplen las previsiones del Gobierno al respecto también dependerá la duración de la medida. Ésta y las otras serán aprobadas en el marco de un paquete con las Administraciones Públicas y Comunidades Autónomas a lo largo de la siguiente semana, dijo Rubalcaba.

El Gobierno también anunció que "intensificará el seguimiento de precios para garantizar estrictamente las normas de la competencia". Anunció, de hecho, que estarán "especialmente vigilantes" en materia de precios. "Vamos a crear un grupo de trabajo con empresas, lo liderara Economía, para seguir la evolución del mundo de la energía y los precios del petróleo y la distribución de gas mientras dure la crisis", enunció el vicepresidente.

Rubalcaba, que en un momento dado, aseguró haber "tenido que improvisar mientras venia para acá" y que llegó "poco preparado" –lo que le sirvió para esquivar alguna que otra pregunta-, indicó que pese a la imposición de estas medidas aún "no hay riesgo de suministro", y que el Gobieno tampoco lo prevé. Pese a ello, insistió en escudarse en ello a la hora de justificar las medidas.

"Podemos estar tranquilos en el suministro gas y petróleo, pero es evidente que tenemos una factura energética abultada" que afecta "al conjunto del país, y hemos tenido que tomar medidas para reducir la factura energética derivada de la crisis vivida en el norte de África, en Libia pero no solamente Libia". Y señalo a Egipto como otra fuente de exportación de gas.

Gallardón penaliza a los coches diésel

La propuesta ya está sobre la mesa. El Ayuntamiento de Madrid ha presentado a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) su alternativa para luchar contra la excesiva contaminación que afecta a ciudades como la capital y Barcelona. Es una propuesta que en realidad engloba tres, dos que no dependen de los municipios y que, por tanto, solo pueden recomendar al Gobierno, y otra que les afecta directamente y que supondría modificar la Ley de Haciendas Locales para cambiar radicalmente el impuesto de circulación.

El alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón, quiere "instar" al Gobierno a que "iguale o penalice la tributación del combustible diésel" sobre el de gasolina. Un planteamiento que choca con la última propuesta del PP nacional en el Congreso, que ha pedido reformar el tributo para incluir una deducción del 50% sobre el impuesto actual a coches que emitan menos de 200 gramos de CO2 por kilómetro siempre que se entregue otro de más de 10 años (en la práctica, un todoterreno de lujo podría pagar la mitad del impuesto si es diésel, pero no si es gasolina).

La propuesta del Ayuntamiento de Madrid, que acaba de presentar a la Comisión de Hacienda de la FEMP, deberá votarse en marzo. Si se aprueba, la Federación la elevará al Gobierno. El texto se centra en el impuesto de circulación, pero incluye un segundo punto en el que se "insta al Gobierno de la nación" a modificar el impuesto de matriculación para que contemple no solo las emisiones de dióxido de carbono, sino también las de dióxido de nitrógeno "dado que han demostrado que son igual o más perjudiciales para el medio ambiente".

Madrid incumplió en 2010 la legislación europea en este contaminante, ya que registró 44 microgramos por metro cúbico de media anual, cuando el máximo permitido era 40. A diferencia de los otros impuestos, los Consistorios sí tienen mucho que decir cuando se trata del de circulación: lo recaudan ellos. La propuesta de Madrid consiste en modificarlo, aunque partiendo de la situación actual, y añadirle dos coeficientes, dos índices que pueden rebajar su importe o aumentarlo. La estructura básica de los caballos fiscales (unidad impositiva basada originalmente en la potencia del motor) se mantendría igual. Ahora mismo existen cuatro tramos: vehículos entre 8 y 12 caballos fiscales, entre 12 y 16, entre 16 y 20 y de más de 20 caballos.

El Ayuntamiento de Madrid propone a la FEMP, para que esta lo traslade al Gobierno, incluir un primer coeficiente que penalice a los coches más caros. El Consistorio quiere "hacer el impuesto más progresivo", en palabras del concejal de Hacienda, Juan Bravo. Y pone ejemplos. Actualmente, un Renault Clio que cuesta 11.916 euros paga el mismo impuesto de circulación (64 euros, tramo de 8 a 12 caballos) que un Mercedes B170 que sale por 26.050 euros. El comprador, con su elección, "manifiesta una capacidad económica objetiva" que se quiere trasladar al impuesto, explica Bravo.
El segundo coeficiente, de tipo "medioambiental", variará en función de los niveles de emisión de CO2, pero también de dióxido de nitrógeno y de partículas, entre otros. La propuesta del Consistorio consiste en combinar los tramos de emisiones de CO2 que se aplican actualmente al impuesto de matriculación y a la normativa Euro sobre homologación de vehículos, que exige que los coches matriculados cumplan unos máximos de emisiones de varios contaminantes.

La directora de la agencia tributaria madrileña, Rosa Ana Navarro, explica cómo este coeficiente puede modificar en un porcentaje nada desdeñable lo que se paga de impuesto de matriculación. Lo hace con el ejemplo de un Renault Laguna de gasolina 2.0 16v y en modelo diésel 2.0 dci. Ambos pagan 137 euros de impuesto. Aplicándoles un coeficiente medioambiental aproximado, resultaría que en el primer caso pagaría 51 euros menos y, en el segundo, 12 más.

La idea es que cada Ayuntamiento, en función de sus problemas particulares de contaminación -algunos tienen un nivel excesivo de partículas, otros de dióxido de nitrógeno-, pueda adaptar esos coeficientes para penalizar a los coches que empeoran su calidad del aire. El coeficiente de precio estaría comprendido entre 0,7 y 2 (es decir, ahorraría un 30% del impuesto o doblaría su importe). En el caso del medioambiental, el rango variaría entre 0,5 y 2.

Lo que busca Madrid es "una regulación global", según Bravo. "Por mucho que disuadamos nosotros con el impuesto de circulación, lo que tiene en cuenta el comprador de un coche son los 2.000 euros que puede suponer el de matriculación o el carburante que va a utilizar", añade.

El parque automovilístico español envejece

La crisis no da tregua al sector del automóvil, que vive una situación dramática con un desplome de las ventas de más del 23% y un tsunami de destrucción de empleo que se ha cobrado casi 80.000 víctimas en tres años. Una de las consecuencias más evidentes es el envejecimiento del parque automovilístico, cuya edad media supera ya los 10 años, según datos de Faconauto y Anfac,frente a la media comunitaria, de 8,2 años, y frente a la de 8,4 años que tenía en 2007.

Los principales actores del sector del automóvil achacan el incremento al fuerte deterioro de la industria ante la falta de confianza de los consumidores y la restricción del crédito, que llevan a las familias a acudir al mercado de vehículo de ocasión para resolver sus necesidades de movilidad. La edad del parque español supera a la de la mayoría de países de Europa Occidental, como Portugal, Francia, Alemania o Bélgica. Según la última serie de la Dirección General de Tráfico, España tenía en circulación en 2009 más de 4 millones de coches con 20 años de antigüedad, un 13% del total.

Así, mientras las ventas de turismos y todoterrenos de segunda mano subieron un 15,7% en enero, hasta alcanzar las 108.143 unidades, las ventas de vehículos nuevos, cayeron un 23,4% con 53.895 unidades matriculadas, según datos de la Federación de Asociaciones de Concesionarios de Automoción (Faconauto). De esta manera, en enero por cada coche nuevo que se matriculó en España, se vendieron dos de segunda mano.
Desde Faconauto advierten, sin embargo, que son los coches de más de diez años los que están copando este mercado. Así, el 41,5% de las transmisiones que se hicieron en enero correspondió a vehículos con más de diez años de antigüedad. Aranzazu Mur, directora del departamento económico de Anfac, asegura que la renovación dinamizaría las ventas y conllevaría mejoras importantes en términos de seguridad vial y medio ambiente. "Son precisamente los coches más antiguos los que producen el 80% de la contaminación", afirma Mur.

Francisco Salazar-Simpson, vicepresidente de la patronal de concesionarios, apuesta por nuevos planes de renovación del parqué, tras la supresión del Plan Prever y el Plan 2000E, que incentivaban el achatarramiento de vehículos con más de 10 años. En concreto, Faconauto propone que se bonifique con una reducción del 100% del impuesto de matriculación el desguace de este tipo de automóviles, en los tramos del 4,75% (vehículos que emitan entre 121 y 160 g/km de CO2) y del 9,75% (vehículos que emitan entre 161 y 199 g/km de CO2).